domingo, 2 de marzo de 2014

Derecho Aduanero

El Derecho Aduanero se inscribe como una rama del Derecho Administrativo, enfocado en el derecho público bajo la responsabilidad de Aduanas, dependencia gubernamental, cuya función principal es regular el tráfico de mercancías, tanto para la importación como la exportación de las mismas, así como delimitar los grados de sanciones hacia las infracciones cometidas en los procesos, procedimientos y trámites aduaneros.
Las fuentes jurídicas del Derecho Aduanero Dominicano se corresponden con las disposiciones legales adoptadas sobre el particular. Esto es: La Constitución de la República Dominicana, 2) Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales: ¡) Acuerdos Comerciales: a) Acuerdo de Alcance Parcial con Panamá, b) Acuerdo con Centroamérica, c) Acuerdo con el CARICOM y 4) DR-CAFTA; ii) Convenios: a) Convenio de Kyoto Revisado,  b) Convenio de Estocolmo, c) Convenio de Rotterdam, entre otros; 3) El Código Tributario aprobado por la Ley No. 11-92 de fecha 16 de mayo de 1992, 4) La Ley 3489, para el Régimen de Aduanas (que incluye temas sobre Formalidades requeridas, Declaración, Destinación a los diferentes regímenes aduaneros (Importación, Exportación, Tránsito Interno, Tránsito Internacional, Admisión Temporal, Internación Temporal, Zonas Francas u otras operaciones aduaneras – Reembarque, Transbordo, Cabotaje), así como  Aforo y Verificación, Averías, Reclamaciones, Recargos, Multas, Infracciones, Sanciones,  Destrucción (incineración), Contrabando, Liquidación de Impuestos,  Despacho de mercancías, Subasta, Recaudaciones, Fiscalización, entre otros, 5) La Ley 226-06, que otorga personalidad jurídica y autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio a la Dirección General de Aduanas (DGA) e incorpora modificaciones de la Ley 3489, 6) La Ley 146-00, de Reforma Arancelaria que modifica la Ley 14-93, sobre Arancel de Aduanas, 7) Ley 4-07, sobre Rectificación Fiscal, que modifica la Ley 147-00 (prohibición importación de vehículos de más de cinco (5) años de fabricación),  8) La Ley 158-01, modificada por las Leyes 184-02 y 318-04, sobre Fomento al Desarrollo Turístico, 9) Ley No. 28-01, sobre Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, 10) Ley No. 84-99,  sobre Reactivación y Fomento a las Exportaciones,  11) Ley 8-90, sobre Fomento de Zonas Francas, entre otras disposiciones legales aplicables a la mercancía.
Adicional a este marco jurídico, se incorporan otras normativas, acuerdos, convenios y tratados internacionales; en su mayoría formulados por Organismos Internacionales principalmente en la Organización Mundial de Aduanas -OMA y la Organización Mundial del Comercio –OMC.
La Aduana Dominicana, juega un rol en el control y la facilitación del comercio, en  cuyos lineamientos se han contemplado normativas legales y administrativas domésticas, adicional el Derecho Internacional que se circunscribe en disposiciones legales internacionales vinculantes al Comercio, entre estas: el compromiso establecido en el DR-CAFTA, del despacho de la mercancía en 48 horas, ratificado en la Ley No. 226-06, las directrices recomendadas por la OMA en el marco normativo SAFE, así como la aplicación del acuerdo GATT-OMC, por lo referente en el Artículo V (Libertad de Tránsito), Articulo VI (Derechos antidumping y derechos compensatorios),  Articulo VIII (Derechos y formalizadas referentes a la importación y a la exportación), Articulo X (Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales), Articulo XXIV (Aplicación territorial- tráfico fronterizo uniones aduaneras y zonas de libre comercio) entre otras disposiciones que se circunscribe en el referido acuerdo.
Con la destinación de la mercancía declarada a un régimen aduanero, (Convenio de Kyoto Revisado referente a los regímenes y procedimientos aduaneros) que persigue cumplir la primera fase de presentar ante la administración aduanera, la disposición legal a aplicarse. A partir de ese proceso, la mercancía en territorio aduanero ha de completarse los requisitos, procesos y procedimientos establecidos en las normativas legales vigentes, desde la declaración aduanera circunscrita en el Articulo 51 y 52 de la Ley 3489, el proceso de verificación y aforo para el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Sistema Armonizado de Designación y codificación de mercancía para la identificación del código arancelario con la descripción de cada producto, así como la declaración del valor real del precio pagado o por pagar de la factura comercial para la aplicación de lo instituido en el Decreto No. 36-11, que establece el Reglamento de Aplicación del Acuerdo de Valoración GATT-OMC, en el método 1 hasta el método 8; así como la aplicación de la preferencia arancelaria contemplada en un acuerdo comercial de los que RD es signataria y elementos vinculantes a las transacciones comerciales internacionales establecidas en Convenios y Tratados Internacionales.
En las transacciones del Comercio Internacional se involucran los actores de la cadena logística, que si bien deben cumplir con los procesos y procedimientos establecidos, asimismo se comprometen en cumplir con el Derecho Aduanero para el devenir entre las partes, sea del sector privado (Importador, Exportador, Agente de Aduana, Agente Consolidador de Carga, Agente Courier, Agente Marítimo –Naviero, otros) o del sector gubernamental (Aduanas, Agricultura, Salud Pública, Medio Ambiente). Cada entidad juega un rol con la mercancía en territorio aduanero con el despacho a priori y la fiscalización a posteriori, cuyo plazo ha sido establecido en el artículo 118 de la Ley No. 3489.
Esas acciones y decisiones pueden ser recurribles ante los tribunales judiciales, entre ellos: el Tribunal Constitucional (TC),  Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), el Tribunal Superior Administrativo (TSA). por lo que favorece la correcta aplicación de las normativas legales vinculantes al Comercio transfronterizo en el tiempo hábil, pudiéndose prescindir de elevar recursos de índole legal a otras instancias siendo dirimido por un tribunal que emite una decisión a favor y en contra de las partes, en ocasiones se incurre en gastos adicionales que se circunscriben, muchas veces en la documentación emanada del caso, es decir, una Sentencia que incluye un astreinte para el demandado por posibles demoras en el cumplimiento de la disposición emanada del Ministerio Publico, sea un monto por día, por semana; o determinándose una multa para el cumplimiento definido en la Sentencia Judicial emitida.
Cursa actualmente en el Congreso Nacional, un Anteproyecto de Ley de Aduanas, que esperamos se constituya en un marco normativo en correspondencia con los procesos de modernización de la Aduana Dominicana.

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